Las iniciativas de la Asociación tienen como base de actuación, los siguientes Principios reivindicatorios, en favor de las víctimas de delitos violentos :

1º.- Mayor atención a la víctima y sus familiares por parte de los poderes públicos. Integración inmediata de la víctima en la Seguridad Social. Atención Sanitaria Especializada. En cuanto al ámbito judicial y policial: Mayor respeto y mejor trato, protección de la víctima como testigo. Creación de una verdadera Policía Judicial dependiente de los Juzgados de Instrucción.

2º.- Equiparación de ayudas de Ley 35/1995, con las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, reguladas en el R.D. 673/1992. Reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en el fenómeno violento y el carácter de verdaderas indemnizaciones debidas a la víctima del delito. Reforma del marco legal. Firma del Convenio 116 del Consejo de Europa por parte del Gobierno español.

3º.- Exención de las indemnizaciones (actualmente ayudas) en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Creación de Becas específicas para estudios de las víctimas o sus hijos.

4º.- Nombramiento de abogado de oficio, del turno especial que se cree de asistencia a la víctima, desde la comisión de un hecho violento o contra la libertad sexual. Mayor participación del Ministerio Fiscal en la investigación y persecución del delito, redefinición de su carácter como netamente acusador y protector de los derechos de la víctima.

5º.- Consideración de beneficiarios, en la Ley 35/1995, a todos los extranjeros que sufran delitos violentos en nuestro país. Así como a los españoles en el extranjero. Indemnización por fallecimiento de hijos menores.

6º.- El Estado es subsidiariamente responsable de los perjuicios económicos que se derivan del delito, incluyendo daños materiales, y en especial si el Estado indulta al autor.

7º.- Concesión inmediata de ayudas, en supuestos con resultado de muerte, en consonancia con lo regulado en los resarcimientos por daños a víctimas del terrorismo.

8º.- Derecho de la víctima a estar infomada de la situación jurídica y localización del autor del delito. Posibilidad de personarse en todas las fases del procedimiento, incluso la ejecución de condena. Posibilidad de alegar, oponerse y recurrir la libertad condicional, ascensión del grado en la condena, indulto, y cualquier otra medida que altere la situación del preso o que reduzca o altere el cumplimiento de su condena. Jerarquización y coordinación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, subordinación de éstos a los Juzgados y Tribunales Encargados de ejecutar la sentencia.

9º.- Presencia de las Asociaciones y ONGs en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

10º.- Control de la violencia en la escuela , familia y medios de comunicación. La educación como prevención del delito. La programación y difusión inadecuada de noticias como germen de violencia.